Desmantelan red en España que explotaba a mujeres de Nicaragua y las obligaba a abortar.

Llevaban engañadas a mujeres desde Nicaragua, las explotaban laboralmente y en algunos casos llegaron a obligarlas a abortar cuando quedaron embarazadas ejerciendo la prostitución. Agentes de la Policía Nacional de España desmantelaron un red dedicado a la trata de mujeres para explotarlas laboralmente y a la práctica de abortos ilegales, enterrando a los fetos posteriormente.

La operación se saldó con el arresto de 15 personas, cuatro hombres y 11 mujeres, de edades comprendidas entre los 28 y los 56 años, naturales de Guinea, Marruecos, Bélgica, Nicaragua, Bolivia y España, como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, tráfico ilegal de mano de obra, favorecimiento de la inmigración irregular, relativos a la prostitución, contra la salud pública, falsedad documental y aborto ilegal.

La Policía comenzó a investigar en noviembre a un grupo de nicaragüenses que habrían llegado a España gracias a la intervención de dos hermanas de su misma nacionalidad que, al parecer, se dedicaban a introducir ilegalmente a mujeres en España a cambio de dinero para trabajar en labores domésticas. La contraprestación económica para llegar a España generaba a las víctimas una deuda muy difícil de saldar. Las dos hermanas captaban a las mujeres cuando viajaban a su país, o a través de un familiar. Todas las víctimas eran del mismo pueblo, tenían cargas familiares y una precaria situación económica.

Las investigadas las animaban a llegar a España prestándoles 3.500 dólares, de los que una parte se destinaba a la compra del billete de avión y otra para acreditar medios de vida en la frontera. Como compromiso de pago de la deuda generada, a algunas de las víctimas se les hacía firmar un contrato de compra-venta de propiedades en Nicaragua. Las jóvenes entraban en España a través del aeropuerto de Barcelona, desde donde eran trasladadas en autobús a Murcia.

Sus captadoras las desplazaban a un piso de la capital y, tras quitarles el dinero prestado, las alojaban en la vivienda -en condiciones de hacinamiento e insalubridad-, hasta que se les encontraba un trabajo doméstico. Una vez ‘colocadas’, recibían un salario precario del que debían entregar una parte para cubrir la deuda, que generaba unos altísimos intereses, y su alojamiento. Algunas de las chicas optaron por prostituirse para pagar la deuda, y las dos hermanas investigadas se quedaban con la mitad del dinero.

La investigación también puso al descubierto la práctica de abortos a las víctimas que se quedaban embarazadas. Las cabecillas de la banda criminal obtenían falsificando recetas unas pastillas cuyo uso clínico sí es lícito con otra posología y dosificación, pero pueden provocar abortos al ser administradas en otras condiciones. Los abortos se llevaban a cabo en domicilios privados, sin control facultativo y en algunos casos a mujeres en un estado de gestación cercano o superior a los cuatro meses. Posteriormente, enterraban a los fetos.



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