Nicaragua llega al último día de la negociación sin acuerdos importantes
El Gobierno y una alianza opositora de Nicaragua cumplieron este martes el penúltimo día de la negociación para superar la crisis que estalló hace casi un año, sin alcanzar acuerdos sobre los temas de justicia y democratización.
Durante la sesión de trabajo de este martes, las partes discutieron las propuestas de garantes internacionales y nacionales, sin alcanzar acuerdos, desarrollaron ideas sobre los temas de verdad, justicia, reparación y no repetición, y el de fortalecer la democracia.
Según la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el Gobierno se opuso a la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como garantes de los acuerdos sobre garantías ciudadanas.
El negociador de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, dijo a periodistas que aunque el Gobierno rechaza la presencia de la CIDH y de la Acnudh como garantes, la oposición mantendrá “como condición esencial el regreso de estos organismos internacionales para que garanticen el cumplimiento de los acuerdos”.
“Demandamos la presencia internacional por una razón sencilla: no le creemos nada a este Gobierno y queremos para las víctimas, los liberados y sus familias, la seguridad que ninguna institución pública pueda dar ahora”, argumentó Chamorro, quien es director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente.
El jefe negociador del Gobierno, el canciller Denis Moncada, no explicó las razones del por qué rechazan a la CIDH y a la Acnudh como garantes, aunque reafirmó la intención del Ejecutivo de cumplir todos los acuerdos firmados.
El Gobierno de Ortega dio por concluida la misión de la CIDH y de la Acnudh, así como del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entes tutelados por la CIDH, el año pasado.
El pasado 19 de diciembre, el canciller Moncada envió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que lo acusa a él, a la CIDH y a la Acnudh de querer asfixiar al país.
A Almagro lo acusó de participar “en la escalada criminal, injerencista, promoviendo acciones terroristas en el orden político, económico y militar que viola los derechos humanos del pueblo nicaragüense”.
También que su actitud explicaba el comportamiento de la CIDH, Meseni, GIEI y Acnudh, “quienes se han constituido en una plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país”.
El diputado Wilfredo Navarro, otro de los negociadores del Gobierno, advirtió que si la Alianza Cívica se levanta de la mesa buscarán “otras soluciones y otros interlocutores”.
Para la denominada Unidad Médica Nicaragüense, el Gobierno de Ortega no tiene voluntad política para buscar una salida pacífica a la crisis, menos de cumplir los acuerdos sin garantes.
“El Gobierno le ha declarado la guerra al pueblo. El pueblo no tiene armas, la única arma que tiene el pueblo es su dignidad, sus ansias de libertad y la bandera azul y blanco de Nicaragua que nos cobija a todos los nicaragüenses por igual”, señaló el vocero de esa Unidad, el médico Javier Núñez, al leer un pronunciamiento.
Para mañana miércoles está previsto que el Comité Internacional de la Cruz Roja presente una lista conciliada de los denominados “presos políticos” que deben quedar en libertad en un plazo no mayor de 90 días, a partir del 20 de marzo.
Además, según lo convenido, culminar con las conversaciones o continuarlas, algo que ninguna de las partes había descartado cuando faltaban horas para el vencimiento de este segundo plazo del proceso, ya que el primero era el pasado 28 de marzo pero fue prorrogado.
Nicaragua está inmersa en una crisis como consecuencia de las protestas callejeras que estallaron el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma del seguro social.
En las manifestaciones se exige la renuncia del presidente Ortega tras casi doce años en el poder de forma consecutiva.
Esta situación ha causado 325 muertos y cientos de presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 561 las víctimas mortales, además de actos violentos y ataques también a los obispos del país.
El Ejecutivo solo reconoce 199 víctimas mortales y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
